La Gendarmería Nacional emitió este miércoles una alerta nacional e internacional tras confirmarse la fuga de Nicolás Ruso, ex responsable de calidad de la empresa ENBASA. El ciudadano extranjero, que se encontraba en prisión preventiva, está implicado en un presunto delito de atentado contra la salud pública por su participación directa en la adulteración sistemática de productos alimenticios distribuidos en todo el país.

Según las investigaciones, bajo la supervisión de Ruso, se manipulaban de manera sistemática las fechas de caducidad de diversos productos de consumo, muchos de los cuales estaban vencidos y representaban un grave riesgo sanitario para la población. Este escándalo generó una ola de indignación pública y una rápida reacción de las autoridades gubernamentales. El Vicepresidente de la República ordenó entonces la destrucción de los productos afectados, la destitución de varios responsables y sanciones económicas a ENBASA, dejando en manos de la justicia la instrucción penal del caso.

El proceso judicial seguía su curso cuando se conoció la evasión del imputado, quien logró abandonar el país con destino a España. Las primeras indagaciones apuntan a una fuga facilitada desde dentro del propio sistema penitenciario y judicial. El teniente médico de la prisión de Bata, Pergentino Nze Bee Nchama, emitió un informe sobre una supuesta urgencia médica que permitió trasladar al recluso al Hospital Regional de Bata. Allí, Ruso fue asistido por su abogado, quien solicitó una orden judicial de libertad provisional con evacuación médica al extranjero.

La solicitud fue aprobada por el Magistrado del Juzgado de Instrucción n.º II de Bata sin las verificaciones sanitarias correspondientes, y sin consultar con organismos especializados ni valorar adecuadamente el riesgo de fuga. Esto permitió al acusado salir del país bajo justificaciones médicas no corroboradas, dejando en suspenso el proceso penal en su contra.

Este hecho no solo representa una presunta fuga de un acusado, sino que sugiere fallos estructurales en el sistema judicial, con posibles actos de negligencia o corrupción institucional. La actuación de varios funcionarios, tanto penitenciarios como judiciales, está bajo escrutinio por su posible colaboración —activa o pasiva— en la evasión del imputado.

Actualmente, la Gendarmería Nacional ha intensificado las investigaciones con el objetivo de determinar responsabilidades, identificar a los implicados y activar los mecanismos internacionales para la localización y repatriación de Nicolás Ruso. Asimismo, se ha solicitado colaboración a las autoridades judiciales del país de destino.

La fuga de un procesado por delitos que afectan directamente a la salud pública plantea interrogantes de fondo sobre la capacidad del sistema para proteger el interés colectivo frente a posibles interferencias externas, intereses particulares y debilidades internas.