Por Joal Ondo 

En los últimos días, Togo ha sido escenario de tensas protestas antigubernamentales que han derivado en la muerte de al menos siete personas, según diversas fuentes locales. Mientras que testigos y sectores de la oposición denuncian una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, el Gobierno togolés sostiene que las víctimas murieron por “ahogamiento” y niega cualquier implicación oficial en los fallecimientos.

El Ejecutivo, presidido por Faure Gnassingbé, ha salido al paso de las acusaciones con una narrativa que desvincula por completo a las fuerzas del orden de las muertes ocurridas durante las manifestaciones. Según las autoridades, los cuerpos de las víctimas fueron hallados en un lago de Akodesséwa y en la laguna de Bè, y todas las muertes fueron causadas por ahogamiento, en un contexto marcado por intensas lluvias e inundaciones. En este sentido, el Gobierno ha llamado a la población a actuar con “prudencia” en zonas de riesgo durante esta temporada.

Asimismo, ha denunciado la existencia de una “campaña de desinformación e incitación al odio” presuntamente promovida por individuos en el extranjero, acusándolos de utilizar imágenes manipuladas o creadas por inteligencia artificial con el fin de desestabilizar las instituciones del país.

La versión oficial contrasta fuertemente con la presentada por testigos presenciales y por el partido opositor Fuerzas Democráticas para la República (FDR). Según informes recogidos por el medio local Ici Lomé, al menos siete personas habrían fallecido durante las protestas, algunas de ellas por heridas de bala. Imágenes compartidas en redes sociales muestran cadáveres con signos visibles de violencia, lo que ha generado demandas para que se abra una investigación independiente.

El FDR ha calificado la actuación de las fuerzas de seguridad como “violencias salvajes, bárbaras e ignominiosas”, en un contexto de movilizaciones pacíficas contra la reforma constitucional recientemente aprobada. Esta modificación, promovida por el oficialismo, introduce un nuevo sistema parlamentario y permite la creación del cargo de presidente del Consejo de Ministros, puesto que ya ocupa Gnassingbé, abriendo la posibilidad de su permanencia en el poder más allá del esquema presidencial anterior.

Además de la reforma constitucional, los manifestantes expresaron su malestar por la detención de opositores y el aumento en los precios de la electricidad. El FDR ha solicitado la liberación de los arrestados, la apertura de investigaciones imparciales y ha llamado a mantener la movilización ciudadana.

El presidente Faure Gnassingbé, en el poder desde 2005 tras la muerte de su padre, se ha mantenido en el centro de la escena política togolesa por casi dos décadas. La reciente reforma constitucional ha generado nuevas tensiones con la oposición, que acusa al Gobierno de perpetuar un sistema autoritario con apariencia de transición democrática.

Pese a las denuncias, el Gobierno ha defendido la "profesionalidad" de las fuerzas de seguridad y asegura haber contenido los disturbios con eficacia, atribuyendo los incidentes a "actos de vandalismo" por parte de una minoría, e incluso menciona la detención de varios "extranjeros" que habrían ingresado ilegalmente al país.

Por el momento, no se han registrado reacciones oficiales de organismos internacionales, aunque la gravedad de las denuncias y las contradicciones entre las versiones oficiales y testimoniales podrían atraer la atención de entidades defensoras de los derechos humanos.

La situación en Togo permanece volátil. Mientras el Gobierno insiste en controlar la narrativa desde una posición institucional, los sectores opositores y parte de la ciudadanía continúan exigiendo verdad, justicia y garantías democráticas en un contexto de creciente tensión social y política.