Por Joal Ondo 

La muerte de Antonio Basilio Ondo en el Hospital Regional de Bata, un menor de 6 años, ha desatado una oleada de indignación y reabierto el debate sobre los límites de la libertad religiosa frente al deber de protección de la vida. El adolescente falleció después de que sus padres —miembros de la confesión religiosa de los Testigos de Jehová— impidieran que se le realizara una transfusión sanguínea que los médicos consideraban vital para su supervivencia.

El Ministerio Fiscal —mediante la Fiscalía de Instrucción Nº 1 de Bata— interpuso una querella criminal contra los progenitores, por un presunto delito de omisión del deber de socorro, tipificado en el artículo 514 del Código Penal, que contempla penas de uno a tres años de arresto mayor. Según la investigación, los padres firmaron un documento que rechaza expresamente el procedimiento médico, alegando motivos religiosos. Ese documento, ahora en poder de la Fiscalía, forma parte de la prueba judicial.

El fiscal general, Anatolio Nzang Nguema, ha sido contundente: “Los padres no tienen derecho a decidir quién vive o muere. La libertad de culto está garantizada, sí, pero no puede estar por encima del orden público ni del derecho a la vida”, ha aseverado. En este sentido, recuerda que la Constitución ecuatoguineana protege la vida humana (artículo 13) y establece que el Estado debe velar por la integridad de los menores (artículo 23).

La tragedia ha generado un debate jurídico y social de gran calado. Aunque no se ha iniciado un proceso contra la congregación religiosa como institución, la Fiscalía ha advertido que cualquier persona que obstaculice tratamientos médicos esenciales será judicializada. “Si su credo choca con nuestras leyes, mejor que regresen a donde vinieron”, declaró el fiscal, en una afirmación que ha provocado opiniones encontradas en redes sociales y foros públicos.

Además de las posibles penas de cárcel, los padres del menor podrían enfrentar la retirada de la patria potestad sobre sus otros hijos, en caso de que se confirme su responsabilidad penal. La Fiscalía ha ordenado también que, en circunstancias similares, los médicos activen de inmediato una alerta a las autoridades para evitar desenlaces fatales.

Mientras se espera la evolución del proceso judicial, la sociedad ecuatoguineana se enfrenta a un dilema: cómo proteger las libertades individuales sin comprometer derechos fundamentales como la vida y la salud.