La Presidencia del Gobierno ha publicado este miércoles, 10 de septiembre, la Orden número 3/2025, que establece la prohibición expresa de la recaudación en efectivo de impuestos, tasas fiscales y parafiscales, contribuciones especiales y demás ingresos de la Administración Pública.

Por: José Alfonso Ondo 

Según ha informado el gabinete de prensa del Primer Ministro, la medida forma parte de las reformas orientadas a la modernización de las finanzas públicas, la digitalización de los procedimientos administrativos y la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Aclara la Orden que el cobro en efectivo, aún practicado en algunas dependencias estatales, supone un riesgo para la transparencia y para la correcta gestión de los recursos del Estado.

De acuerdo con ese mandato, todos los pagos deberán realizarse exclusivamente a través de cuentas bancarias oficiales habilitadas por la Tesorería y Patrimonio del Estado, mediante entidades bancarias colaboradoras o a través de plataformas electrónicas autorizadas por el Gobierno.

La disposición también incluye la prohibición de cobros indebidos. Ningún funcionario podrá exigir tributos no contemplados en la legislación, ni solicitar importes superiores a las tarifas oficiales. Igualmente, queda prohibido reclamar pagos adicionales, propinas o cualquier otra contraprestación no prevista en la normativa vigente.

De manera transitoria, los expendedores de efectos de valor dependientes de la Tesorería estarán autorizados a recibir pagos en efectivo únicamente para este tipo de operaciones. En estos casos, será obligatorio emitir comprobantes numerados y realizar el ingreso diario en las cuentas del Tesoro.

Para reforzar el control, asevera el escrito, cada ministerio deberá designar un responsable económico encargado de conciliar los ingresos diarios con la Tesorería General, institución que será responsable de garantizar la uniformidad, la trazabilidad y la supervisión de todos los pagos.

El Gobierno advierte que el incumplimiento de esta orden conllevará responsabilidades disciplinarias, contables e incluso penales, dependiendo de la gravedad de la infracción. La norma entrará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La orden fue firmada en Malabo el 10 de septiembre por el Primer Ministro del Gobierno Encargado de la Coordinación Administrativa, Manuel Osa Nsue.