El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, anunció este lunes la destitución de todo su Ejecutivo en respuesta a la ola de protestas juveniles contra los cortes de agua y electricidad que han derivado en una crisis política y social de gran magnitud.

Por: José Alfonso Ondo 

Las manifestaciones, que comenzaron en Antananarivo y se extendieron a otras ocho ciudades, han dejado al menos 22 muertos y un centenar de heridos como consecuencia de la represión policial.

El mandatario comunicó su decisión en un discurso televisado a través de la cadena estatal TVM, en el que reconoció que el Gobierno no había sabido responder a las demandas de la población. “Quizás no hayamos satisfecho las necesidades que ansiabais, o ni siquiera hayamos escuchado los gritos y temores que habéis experimentado”, afirmó Rajoelina, mostrando disposición a abrir un diálogo con los jóvenes manifestantes.

El presidente también prometió apoyo a las empresas afectadas por los saqueos registrados durante los disturbios, que obligaron la semana pasada a imponer un toque de queda ante el caos que incluyó bloqueos de carreteras y quema de mobiliario urbano. En un intento inicial de calmar la tensión, ya había destituido al ministro de Energía, Olivier Jean Baptiste, aunque la medida resultó insuficiente para contener la escalada de protestas.

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su consternación por la violencia empleada contra los manifestantes y exhortó a las autoridades malgaches a respetar la libertad de expresión y de reunión pacífica. Asimismo, instó a poner fin al uso “innecesario y desproporcionado de la fuerza” y a liberar a quienes han sido detenidos de manera “arbitraria”.

Turk recordó que, según el derecho internacional, el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad debe limitarse a situaciones en las que sea estrictamente necesario para proteger vidas o prevenir lesiones graves. También pidió una investigación “rápida, exhaustiva, independiente y transparente” sobre los hechos, con el fin de que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Las protestas, protagonizadas mayoritariamente por jóvenes, han sido motivadas por la indignación ante los cortes constantes de luz y agua, que agravan las ya precarias condiciones de vida en el país. La respuesta de las fuerzas de seguridad —con gases lacrimógenos y, en algunos casos, munición real— ha intensificado la indignación ciudadana y colocado al Gobierno en el centro de la polémica internacional.

La situación en Madagascar sigue siendo incierta. Con la destitución del Ejecutivo, Rajoelina busca desactivar la crisis política, aunque persiste la presión social y la atención de la comunidad internacional sobre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de soluciones estructurales a los problemas que detonaron la ola de protestas.