La indisciplina escolar que atraviesan hoy muchos centros educativos de Guinea Ecuatorial no puede entenderse únicamente desde el aula. Es el resultado de una ruptura progresiva del pacto educativo que, durante décadas, unió a escuela, familia y administración en una misma dirección formativa. Analizar las prácticas educativas del pasado y compararlas con la situación actual permite comprender no solo el origen del problema, sino también sus consecuencias sociales.

Hace treinta  o cuarenta años, la práctica educativa en Guinea Ecuatorial se caracterizaba por tres elementos esenciales: exigencia académica, disciplina formativa y la coherencia instruccional. El docente no solo transmitía conocimientos, sino que educaba en valores, hábitos y normas de convivencia. La corrección era entendida como parte natural del proceso educativo.

Las sanciones disciplinarias, aunque hoy puedan parecer estrictas, tenían un carácter preventivo y pedagógico. El alumno sabía que el incumplimiento de las normas tenía consecuencias claras y proporcionales. Esta claridad normativa generaba seguridad, tanto en el alumnado como en el profesorado.

Los resultados sociales de este modelo fueron visibles: generaciones con mayor respeto a la autoridad, sentido de responsabilidad, valoración del esfuerzo y conciencia del  bien común La escuela cumplía su función socializadora y contribuía a la estabilidad comunitaria.

El papel de la familia en el pasado: alianza con la escuela

En aquel contexto, los padres y tutores desempeñaban un papel fundamental como aliados de la escuela. Cuando un alumno era corregido o sancionado, la familia no cuestionaba automáticamente al docente; por el contrario, reforzaba la autoridad escolar en el hogar.

Existía una comprensión compartida: educar implicaba corregir. El respeto al maestro era un valor transmitido desde la familia, y la desautorización del docente era socialmente inaceptable. Esta alianza familia-escuela fortalecía la disciplina y consolidaba el aprendizaje.

La situación actual: debilitamiento de la práctica educativa

En contraste, las prácticas educativas actuales se desarrollan en un contexto de ambigüedad normativa y permisividad institucional. La eliminación de medidas disciplinarias sin alternativas pedagógicas eficaces ha reducido la capacidad de intervención del docente.

Hoy, muchos profesores se ven obligados a tolerar conductas que antes eran corregidas de forma inmediata. La autoridad pedagógica ha sido sustituida por una gestión administrativa del conflicto, lenta e ineficaz. El aula ha dejado de ser un espacio estructurado para convertirse, en algunos casos, en un entorno de negociación constante.

Padres y tutores de hoy: del acompañamiento al proteccionismo

Uno de los cambios más significativos se observa en el papel de los padres y tutores actuales. Frente a la actitud de colaboración del pasado, hoy predomina una postura excesivamente protectora. Ante un conflicto disciplinario, muchos padres tienden a defender automáticamente al alumno, incluso cuando existe una falta evidente.

Desde la pedagogía, este proteccionismo resulta profundamente contraproducente. Al desautorizar al docente, se envía al alumno un mensaje peligroso: que la norma puede ser cuestionada y que la responsabilidad siempre recae en otro. Esta actitud debilita el proceso educativo y refuerza la indisciplina.

 Consecuencias sociales del modelo actual

La comparación entre ambos modelos revela consecuencias sociales preocupantes. La escuela actual, desprovista de autoridad y apoyo familiar, tiene mayores dificultades para formar ciudadanos responsables. La tolerancia frente a la indisciplina escolar se traduce en falta de respeto a la autoridad, incumplimiento de normas sociales y debilitamiento del tejido comunitario.

Desde una perspectiva pedagógica, no se puede ignorar esta relación directa entre prácticas educativas y resultados sociales. La escuela no solo forma estudiantes, sino futuros ciudadanos.

No se trata de idealizar el pasado ni de justificar prácticas abusivas, sino de reconocer que la disciplina, la exigencia y la coherencia institucional produjeron resultados sociales positivos. El error del presente ha sido eliminar estos elementos sin construir un modelo alternativo sólido.

Recuperar la autoridad del docente exige reconstruir la alianza entre escuela, familia y administración. Padres y tutores deben volver a asumir su responsabilidad educativa, y la administración central debe respaldar de manera inequívoca al profesorado.

Desde la pedagogía, la conclusión es clara: cuando la escuela corrige y la familia apoya, la sociedad se fortalece; cuando la escuela es desautorizada y la familia protege sin educar, la indisciplina se normaliza y el futuro se debilita.

Rafael Enrique Otunga Ela Avomo, Pedagogo, profesor y Director del C.P. María Cristina