El Ejecutivo de Guinea Ecuatorial ha fijado un plazo de siete días a la empresa Sogea-Satom para presentar un plan detallado que permita retomar y culminar las obras que ejecuta en la Ciudad de la Paz. La medida busca poner fin a la incertidumbre sobre el ritmo de ejecución de proyectos considerados estratégicos.

Por: José Alfonso Ondo Ondo Mayíe 

La decisión fue adoptada en Malabo durante una reunión presidida por el vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue, junto a la comisión de seguimiento de obras del Estado. En el encuentro se evaluó el estado de varios proyectos prioritarios en todo el país.

Según informaron los responsables de la constructora, dos de las cinco obras a su cargo podrían ser entregadas en julio. Sin embargo, advirtieron de posibles retrasos debido a la escasez de materiales, especialmente el betún de asfalto importado desde Oriente Medio, donde las tensiones geopolíticas están afectando el suministro.

Ante esta situación, el vicepresidente fue tajante al señalar que estos contratiempos no deben interferir en la finalización de las infraestructuras. Como alternativa, instó a la empresa a diversificar sus proveedores, sugiriendo mercados africanos como Nigeria, Togo o Benín para garantizar la continuidad de los trabajos.

El Gobierno exige ahora a Sogea-Satom un cronograma definitivo que detalle tanto el reinicio como la entrega de los proyectos pendientes. Paralelamente, la entidad pública GE-Proyectos y las firmas supervisoras revisarán el estado de las tres obras restantes, con el objetivo de reajustar los costes tras detectarse sobrecostes en fases anteriores.

Durante la sesión, se presentó un informe sobre unas treinta obras en la isla de Bioko. Algunas infraestructuras ya están en funcionamiento pese a no haber sido entregadas oficialmente, mientras que otras alcanzan niveles de ejecución de entre el 80 % y el 90 %.

En respuesta, Teodoro Nguema Obiang Mangue ordenó la elaboración de un plan integral para concluir estos proyectos y ajustar los pagos pendientes a los precios actuales del mercado, con el fin de evitar desviaciones presupuestarias.

Como ejemplo de esta política de control, la comisión reveló una significativa reducción en el coste de construcción del edificio del Tribunal Constitucional en Ciudad de la Paz. El monto pendiente pasó de 8.000 millones a 1.500 millones de francos CFA, generando un ahorro estimado de 6.500 millones para el Estado.

Con estas medidas, el Ejecutivo refuerza su estrategia de supervisión de la obra pública, enfocada en garantizar la finalización de los proyectos dentro de plazos razonables y con costes ajustados a la realidad económica.

Fuente: Gabinete de Prensa e Imagen de la Vicepresidencia de la República