El presidente malgache, Andry Rajoelina, ha asegurado que continúa ejerciendo sus funciones y ha condenado lo que califica como un “intento de golpe de Estado” perpetrado por una facción rebelde de las Fuerzas Armadas. El anuncio de un Consejo de Defensa Nacional de Transición por parte de la unidad de élite del Ejército ha agudizado la crisis política en el país.

Por: José Alfonso Ondo Ondo Mayíe 

Madagascar atraviesa una de las jornadas más tensas de su historia reciente tras la proclamación de un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT) por parte de una facción militar encabezada por el coronel Michael Randrianirina, jefe del Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT). Este grupo anunció la anulación de la Constitución de 2010, así como la suspensión de varias instituciones clave, entre ellas el Tribunal Constitucional y el Senado.

Randrianirina afirmó que esta unidad asumía el control del país “ante la ausencia del presidente”, aunque Andry Rajoelina había asegurado el lunes que se encontraba en un “lugar seguro” tras denunciar un intento de golpe militar en medio de una ola de protestas.

La situación se agravó cuando Rajoelina emitió un decreto para disolver la Asamblea Nacional, a lo que el Parlamento respondió votando su destitución por amplia mayoría. En respuesta, el CDNT se comprometió a dirigir el país durante un período de transición de hasta dos años, con la promesa de celebrar un referéndum constitucional y elecciones generales al término de ese plazo, según informó el diario local Midi Madagasikara.

El coronel Randrianirina justificó la medida como un paso para “volver a la legalidad republicana” y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Durante este período, la Asamblea Nacional continuaría en funciones junto a un Alto Tribunal para la Renovación, que asumiría las competencias judiciales.

Pese a la resolución del Tribunal Constitucional anunciada por los militares, este órgano reaccionó declarando vacantes los cargos de presidente y de presidente del Senado, confiando provisionalmente el ejercicio del poder al propio Randrianirina. Además, estipuló que las elecciones presidenciales deben celebrarse en un plazo máximo de 60 días, y subrayó que ninguna autoridad interna tiene potestad para disolver las instituciones del Estado.

Desde la oficina presidencial, Rajoelina denunció el levantamiento como “un acto ilegal y una violación flagrante de la Constitución”, acusando a los militares rebeldes de irrumpir por la fuerza en el Palacio Presidencial. En un comunicado, el mandatario reiteró que permanece en pleno ejercicio de sus funciones y llamó a preservar el orden constitucional y la estabilidad nacional.

 "La presencia de fuerzas militares armadas frente al Palacio Presidencial constituye un claro intento de golpe de Estado y un grave atentado contra la legalidad republicana. Madagascar es un Estado de derecho, regido por la Constitución", expresó la presidencia.

El texto agregó que este “intento de derrocar el orden constitucional”, ocurrido precisamente en el aniversario de la República de Madagascar, representa “un ataque directo contra la República, sus fundadores y la soberanía del pueblo malgache”.

Mientras tanto, la incertidumbre reina en Antananarivo, donde la población observa con preocupación la escalada de tensiones entre el Gobierno y el sector militar rebelde, temiendo un nuevo ciclo de inestabilidad política en la isla del océano Índico.

Fuente: Europa Press