En los últimos años, las diferencias en las tasas de matrícula de los centros públicos de Malabo se han vuelto tan evidentes que ya no pueden pasar desapercibidas. Lo que debería ser un sistema educativo público, equitativo y regulado por el Estado se ha transformado en un espacio donde cada centro parece fijar sus propios precios, sin una norma clara ni una supervisión efectiva.

Por ejemplo, un centro “X” cobra 25.000 XAF de matrícula, mientras que el centro “Z” exige 9.000 XAF, además de otros pagos adicionales como carnet, boletín, efectos timbrados, logotipo o informática. Por su parte, el centro “H” cobra 15.000 XAF y el centro “G”, 30.000 XAF, llegando algunos incluso a exigir 45.000 XAF en concepto de inscripción. Estas diferencias, tratándose de instituciones públicas, resultan preocupantes y reflejan una clara falta de coherencia en la aplicación de las normas educativas.

Comparación con hace 15 años

Hace aproximadamente quince años, las tasas escolares eran mucho más uniformes y accesibles. La matrícula oscilaba entre 6.000 y 7.000 XAF, sumando únicamente los efectos timbrados según el curso o las asignaturas pendientes. El proceso de matrícula era simple y eficiente, permitiendo que los padres y alumnos completaran los trámites en pocas horas o incluso en un solo día.

Hoy, en cambio, realizar la matrícula puede tardar entre dos y tres días, debido a pagos adicionales, trámites innecesariamente complicados y una falta de transparencia que genera estrés y dificultades a las familias.

La ley existe pero no se cumple

La Ley General de Educación de Guinea Ecuatorial establece con claridad que las tasas de los centros públicos deben ser fijadas por el Gobierno, a través del Ministerio de Educación.

Sin embargo, la realidad muestra otra cosa: cada centro parece funcionar con autonomía económica, estableciendo tasas según sus propios criterios, sin una referencia uniforme ni un control visible.

¿Dónde está la regulación estatal? ¿Por qué no se aplica con la misma firmeza con la que el Ministerio prohibió las ceremonias de graduación o reguló el costo de las togas en los centros privados?

Si el Estado pudo intervenir para poner fin a los excesos en las graduaciones —una medida justa y necesaria—, con mayor razón debería hacerlo para garantizar la equidad en el acceso a la educación pública.

El silencio de los inspectores 

En teoría, los inspectores educativos están encargados de velar por el cumplimiento de las normas en los centros públicos y privados: controlar que se respeten las disposiciones ministeriales, verificar que las tasas sean las aprobadas oficialmente y denunciar los abusos.

Pero en la práctica, su actuación parece limitada o inexistente. Muchos padres se quejan de cobros excesivos, sin que haya una respuesta clara por parte de la inspección educativa. El problema no reside únicamente en los centros que cobran más, sino también en el sistema de control, que no cumple su función. El resultado de todo esto es un sistema injusto y desigual.

Urge una regulación clara y efectiva 

La solución pasa por una intervención firme del Ministerio de Educación, estableciendo un baremo nacional de tasas para los centros públicos, con criterios claros, uniformes y transparentes.

Además, los inspectores deben asumir con seriedad su papel fiscalizador, no como simples observadores, sino como garantes de la ley y defensores del derecho a una educación gratuita o asequible.

No basta con prohibir graduaciones o limitar el uso de togas; es necesario poner orden en las tasas escolares, exigir rendición de cuentas a los directores y sancionar los abusos.

La falta de regulación y control sobre las tasas en los centros públicos de Malabo no es solo una irregularidad administrativa, sino una injusticia social. Mientras el Gobierno hable de “educación para todos”, debe garantizar que esa educación sea realmente accesible, justa y transparente.

La ley ya existe; lo que falta es la voluntad para hacerla cumplir.

Autor: Rafael Enrique Otunga Ela Avomo, Licenciado en Pedagogía