Por Joal Ondo 

La junta militar que dirige Malí ha dado un nuevo paso hacia el autoritarismo al disolver, mediante decreto, todos los partidos políticos y organizaciones de carácter político. El anuncio, hecho por el ministro de reformas políticas, Mamani Nassiré, tras un consejo de ministros, marca un punto de inflexión en la trayectoria democrática del país, ya de por sí erosionada desde los golpes de Estado de 2020 y 2021.

Esta decisión, respaldada por el diario estatal L'Essor, se suma a una serie de medidas que consolidan el poder del coronel Assimi Goita, presidente de transición, y debilitan significativamente a la oposición y la sociedad civil. Las sanciones por incumplimiento del decreto no han sido especificadas, pero el mensaje es claro: cualquier forma de organización política es ahora ilegal en Malí.

La junta, que ascendió al poder bajo la promesa de restaurar el orden y devolver el poder a los civiles, ha incumplido sistemáticamente el calendario electoral acordado con organismos internacionales y actores regionales. La transición, en lugar de ser un puente hacia la democracia, se ha transformado en una vía hacia el poder perpetuo.

En abril, la llamada conferencia nacional —boicoteada por la oposición— propuso otorgar a Goita un mandato presidencial de cinco años y endurecer las condiciones para la creación de partidos políticos. La revocación de la ley sobre partidos, aprobada por el Consejo Nacional de Transición (CNT), organismo dominado por la propia junta, sella de facto el monopolio del poder militar.

Mientras se consolida el poder interno, Malí ha reorientado su política exterior. Ha roto lazos con Francia y otros países occidentales, antiguos aliados en la lucha contra el yihadismo, y ha estrechado relaciones con Rusia. Además, junto a Burkina Faso y Níger —también gobernados por juntas militares— ha fundado la Alianza de Estados del Sahel (AES), que representa un bloque militarista y antioccidental en la región.

La salida de Malí de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), junto con sus aliados de la AES, agrava su aislamiento diplomático y pone en entredicho los mecanismos de resolución regional de conflictos.

En el interior del país, la decisión de disolver los partidos ha sido recibida con protestas por parte de sectores de la oposición, que denuncian un "ataque frontal al pluralismo". Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales alertan sobre el riesgo de una mayor represión y la consolidación de un régimen militar con escaso margen para la disidencia.

Aunque los medios oficiales presentan la medida como un esfuerzo para "reformar" el sistema político, en la práctica supone la eliminación de cualquier contrapeso institucional. La represión se combina con una estrategia narrativa que acusa a los partidos tradicionales de corrupción y falta de compromiso con el pueblo.

Malí, que alguna vez fue considerado un ejemplo de democratización en África Occidental, parece hundirse en una espiral de autoritarismo. La eliminación de los partidos políticos borra uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia y deja a la ciudadanía sin instrumentos de representación ni canales legales para expresar el disenso, aunque también hay que subrayar que durante el periodo de la democracia en el país, han predomina golpes de Estado.

La comunidad internacional observa con preocupación, pero la capacidad de influencia se ve limitada por el nuevo alineamiento geopolítico del país. La pregunta que queda es si Malí podrá encontrar el camino de regreso hacia un sistema político abierto, o si quedará atrapado por años en un modelo de gobierno militarizado, centralizado y represivo.

El decreto que disuelve los partidos políticos en Malí no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de control absoluto del poder por parte de la junta militar. La medida pone en jaque el pluralismo político, criminaliza la oposición y profundiza el aislamiento del país. El pueblo maliense sigue esperando una transición que, cada vez más, parece ser una promesa vacía.