Por Joal Ondo

La organización Human Rights Watch (HRW) ha acusado al grupo rebelde M23, presuntamente respaldado por Ruanda, de cometer crímenes de guerra en el este de la República Democrática del Congo (RDC), al deportar forzosamente a más de 1.500 personas al país vecino. La denuncia se produce en medio de un contexto diplomático delicado, cuando las autoridades de RDC y Ruanda acaban de alcanzar un acuerdo provisional de paz en Washington tras tres días de conversaciones mediadas por Catar.

Según HRW, los traslados forzosos violan los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíben el desplazamiento forzoso de población civil en contextos de conflicto. La ONG sostiene que estas acciones han sido ejecutadas por el M23 —grupo armado con fuerte presencia en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur— con apoyo militar y logístico directo del Gobierno ruandés. Las personas afectadas fueron supuestamente trasladadas desde campamentos de desplazados en torno a Goma hasta ser deportadas a Ruanda, en condiciones consideradas ilegales por el Derecho Internacional Humanitario.

“La deportación de civiles congoleños y refugiados ruandeses constituye un crimen de guerra”, declaró Clémentine de Montjoye, investigadora de HRW para la región de los Grandes Lagos. De Montjoye responsabiliza directamente al Gobierno ruandés por los abusos cometidos por el M23, al considerar que el control de Kigali sobre este grupo insurgente implica responsabilidad directa bajo los principios de ocupación beligerante.

En un artículo publicado recientemente por Europa Press, se advierte que demás, HRW ha cuestionado el papel de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), acusándola de no garantizar la protección de los refugiados repatriados desde Goma a Ruanda. En concreto, la ONG señala que el Centro Cristiano del Lago Kivu, una de las instalaciones usadas por ACNUR para repatriaciones voluntarias, fue empleado por el M23 como punto de deportación forzada.

Según los testimonios recogidos, muchos de los deportados temían ser víctimas de represalias en Ruanda y manifestaron su deseo de no regresar. Sin embargo, HRW alega que estas decisiones se tomaron bajo presión, lo cual invalida la voluntariedad exigida por los tratados internacionales. ACNUR, por su parte, ha reconocido que en al menos una operación de traslado se actuó "bajo presión" y que regresar a Ruanda fue presentado como "la única opción disponible" para los refugiados.

Ante estos hechos, HRW ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre Ruanda, exigiendo el cese inmediato de las deportaciones, la protección de civiles en las zonas ocupadas y la rendición de cuentas de los responsables de los abusos.

Mientras tanto, el reciente acuerdo provisional alcanzado entre RDC y Ruanda, cuya firma definitiva está prevista para el 27 de junio de 2025, abre una ventana de oportunidad para el diálogo y la desescalada. El Departamento de Estado de Estados Unidos y las autoridades cataríes han expresado su respaldo al proceso, destacando la disposición de ambas partes a buscar soluciones políticas y de seguridad para estabilizar el este congoleño.

No obstante, HRW subraya que cualquier proceso de paz debe ir acompañado de garantías claras para los derechos humanos y de justicia para las víctimas. En una región marcada por décadas de violencia, impunidad y desplazamiento, la presión internacional y la vigilancia de la sociedad civil serán factores clave para la consolidación de una paz duradera.