Por: Joal Ondo 

Ha sido la Audiencia Provincial la que en el último momento celebró el juicio y dictó la sentencia después de que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Malabo le trasladara el caso. La sentencia ha caído en contra Ezequiel Enga Mañe, de 34 años, por tentativa de agresión sexual a una menor de 14 años. En efecto, resolución judicial impone al acusado una condena de un año y cinco meses de prisión y una multa de cinco millones de francos CFA, marcando un precedente judicial en la lucha contra los delitos sexuales en la nación.

Según dicha resolución, el condenado, conocido en círculos religiosos como 'profeta' u 'oráculo', aprovechó su posición para ganarse la confianza de la víctima y su entorno, según ha sabido Diario Guinea 24. Según consta en el sumario judicial, Ezequiel Enga ofreció falsas promesas de ayuda para tramitar un visado al extranjero en beneficio de la menor, una táctica que utilizó para mantener contacto cercano y persistente con ella. El tribunal halló pruebas de acoso reiterado y manipulación emocional, aunque no se consumó el delito de agresión sexual, lo cual motivó la calificación del delito como tentativa.

El juicio se celebró de forma pública, lo cual fue valorado positivamente por organizaciones civiles que trabajan en la protección infantil. La defensa intentó minimizar la gravedad de los hechos, alegando un malentendido y la inexistencia de contacto físico directo. Sin embargo, la Fiscalía presentó mensajes, testimonios y pruebas para demostrar la intencionalidad del acusado y el impacto psicológico sobre la menor.

La sentencia ha sido considerada por muchos como una muestra de que el sistema judicial está dispuesto a actuar con severidad cuando se vulneran los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes.

La noticia ha desatado una ola de reacciones en redes sociales y medios locales. Activistas por los derechos de la infancia han celebrado la condena, aunque subrayan que aún queda mucho por hacer para prevenir estos casos. “Es fundamental fortalecer los mecanismos de protección y denunciar sin miedo. Las niñas deben sentirse seguras y apoyadas por las instituciones”, declaró una portavoz de la ONG Mujer y Justicia.

Por otro lado, algunos sectores conservadores han expresado sorpresa por la condena, debido al perfil religioso del acusado. Este hecho ha reavivado el debate sobre el escrutinio público a figuras con influencia moral o espiritual.

Guinea Ecuatorial ha ratificado diversos tratados internacionales de protección de menores, pero aún enfrenta desafíos en la implementación de políticas efectivas y programas educativos que sensibilicen a la población sobre el abuso y la violencia sexual.

Este caso, más allá de su dimensión penal, representa una oportunidad para profundizar en la necesidad de vigilancia institucional, educación sexual integral y empoderamiento de las niñas y adolescentes.

La justicia ha hablado en Malabo. Ahora, corresponde a la sociedad civil, las autoridades educativas, las comunidades religiosas y las familias, trabajar de forma conjunta para garantizar que ninguna menor sea víctima de abuso o manipulación, y que la dignidad de cada niña sea inquebrantable e inviolable.