Por Joal Ondo 

Este domingo, 1 de junio, México vivirá un hecho sin precedentes en su historia democrática: por primera vez, los ciudadanos acudirán a las urnas no solo para elegir representantes legislativos y ejecutivos, sino también para seleccionar directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La inédita jornada electoral representa una transformación profunda en la forma en que se estructura y renueva el Poder Judicial. Hasta ahora, los cargos judiciales eran designados mediante procesos internos o por propuestas del Ejecutivo, con aprobación del Senado, pero este nuevo modelo plantea una transición hacia un sistema de elección directa por voto popular.

Según fuentes de CNN en Español, Valeria León, esta elección ha generado debate intenso en diversos sectores de la sociedad, desde expertos en derecho hasta activistas, políticos y organizaciones internacionales que observan con atención el desarrollo del proceso.

Qué se elige este domingo

Los ciudadanos podrán votar por:

• Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• Magistrados de tribunales federales
• Jueces federales y locales

Cada uno de estos cargos influye directamente en la impartición de justicia y la interpretación de la Constitución en el país.

¿Qué motiva la reforma?

El gobierno federal y los promotores de esta medida argumentan que la reforma busca “democratizar” el sistema judicial, hacerlo más transparente y menos vulnerable a intereses políticos y económicos. Según sus defensores, permitir que el pueblo elija directamente a sus jueces fortalecerá la legitimidad del Poder Judicial.

No obstante, críticos advierten que este tipo de elección podría politizar aún más la justicia, al exponer a los jueces a campañas partidistas y al riesgo de que se prioricen intereses electorales sobre criterios jurídicos. Organismos como la Barra Mexicana de Abogados y Human Rights Watch han manifestado su preocupación sobre cómo podría afectarse la independencia judicial.

Esta elección coloca a México como un caso singular en América Latina, donde los sistemas judiciales suelen tener mecanismos internos de designación o concursos de mérito. El experimento mexicano, de consolidarse, podría tener efectos regionales, tanto positivos como negativos.