El Gobierno de Guinea Ecuatorial, a través de los Ministerios de Obras Públicas y el departamento de Ordenación de Tierras, solicitó serenidad a los propietarios de viviendas ubicadas en la zona de Sipopo, afectadas por un proceso de expropiación para dar paso a obras de carácter social.

En una reunión, este martes el ministro de Estado de Obras Públicas, Clemente Fereiro Villarino y El Ministro Delegado de Catastro y Ordenación de Tierras, Justino Nchama Ondo, han conversado con las personas que ocupan los terrenos propiedad del Estado en la zona de Sipopo, ahora con orden de desalojo.

Fereiro Villarino aseveró que el Gobierno está siendo tolerante con respecto a la cuestión, ya que la ley contempla que quien vendiera esos terrenos reservados para obras de interés nacional, se enfrentaría a sanciones de hasta el 80% del coste de la parcela vendida y un 40% de sanción para el comprador, pero por empatía, se ha decidido no proceder con tal contundencia, si bien, el desconocimiento de la ley no exime su aplicación, dijo Fereiro Villarino.

En efecto, el miembro de gobierno presentó documentos oficiales que confirman que el Ejecutivo ha reservado esa franja de terreno que se extiende desde el peaje de Sipopo hasta las proximidades de la ciudad de Baney. Dicha franja, que comprende hasta 2,5 kilómetros desde la carretera hacia el interior del bosque, está destinada a la ejecución de proyectos de interés nacional.

No obstante, muchos de los terrenos, inicialmente concedidos temporalmente a particulares para labores agrícolas, fueron vendidos por particulares a terceros, un hecho que ha sido duramente condenado por el miembro del Gobierno. En efecto, Villarino  ha advirtido que tales actos son ilegales y han generado un problema de regularización que ahora afecta a ciudadanos relativamente inocentes.

En un intento por mitigar el impacto, las autoridades han informado que se está trabajando en un plan de reubicación para los afectados, aunque aún no se ha determinado la localización exacta de los nuevos terrenos ni si el Gobierno asumirá la construcción de nuevas viviendas. Para beneficiarse de esta compensación, los ciudadanos afectados deberán presentar, en un plazo de dos semanas, los documentos que acrediten la compra legítima de los terrenos en cuestión.

Mientras tanto, se espera que el Ejecutivo adopte medidas legales contra los responsables de la venta ilegal de las tierras, en un esfuerzo por frenar la ocupación irregular y garantizar el desarrollo ordenado de las zonas reservadas para obras públicas.