Política

Educación pone freno al negocio de las graduaciones: nuevas reglas para certificar estudios en Guinea Ecuatorial

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Por Joal Ondo 

En el marco de las reformas que impulsa el sistema educativo nacional, el Ministerio de Educación, Ciencia, Enseñanza Profesional y Deportes ha emitido la Orden Ministerial nº 2/2025, de fecha 9 de julio, con la finalidad de regular las ceremonias de graduación y la expedición de certificados de estudios en todos los centros educativos públicos y privados del país.

La medida surge en respuesta a la creciente comercialización de los actos de entrega de certificados, particularmente en niveles como preescolar dos, sexto curso de primaria, cuarto de ESBA, segundo de bachillerato y formación profesional, así como en los estudios superiores de grado uno y dos. El ministerio considera que estos eventos, en muchos casos, se han convertido en actividades lucrativas que desvirtúan su carácter académico.

Según la nueva normativa:

  • Solo la autoridad competente del Ministerio podrá firmar los certificados de estudios.
  • Los centros educativos no están autorizados a emitir ni firmar certificados de nivel.
  • Todos los certificados deberán imprimirse en papel timbrado oficial de la Tesorería General del Estado.
  • Los centros deberán remitir las actas originales con los resultados académicos de los alumnos aprobados al ministerio antes del cierre del curso.
  • Los certificados serán emitidos y firmados oficialmente antes del acto de clausura del año escolar.
  • También se establece que el ministerio reconocerá y legalizará los títulos y hojas académicas al término de cada curso.

La orden está fundamentada en la Ley de Educación General de Guinea Ecuatorial, la Ley Fundamental y otros marcos legales que atribuyen al Estado la responsabilidad de garantizar una educación gratuita, obligatoria y de calidad, especialmente en el nivel primario.

Esta disposición, aprobada por el Consejo Directivo del ministerio en su reunión del 8 de julio, busca asegurar la integridad académica y reforzar el control institucional sobre los procedimientos de certificación escolar en todo el territorio nacional.

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