La República Democrática del Congo (RDC) vive un nuevo episodio de tensión política y judicial tras conocerse que la Fiscalía solicitó el pasado viernes, 22 de agosto, la pena de muerte contra el expresidente Joseph Kabila, acusado de traición y crímenes de guerra en un proceso abierto ante un tribunal militar.

El exmandatario, que gobernó el país entre 2001 y 2019, está siendo juzgado in absentia, ya que reside en el extranjero desde hace más de dos años.

De acuerdo con la acusación, Kabila habría sido el “autor intelectual” de graves violaciones de derechos humanos atribuidas al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), entre ellas asesinatos, ejecuciones sumarias, violaciones y deportaciones forzosas en la región oriental del país.

La Fiscalía sostiene que existe una relación probada entre el expresidente y la milicia. Como ejemplo, señala la presencia de Kabila en la ciudad de Goma —en el este de la RDC y actualmente bajo control del M23— en mayo de este año, lo que consideran una muestra de cercanía con los insurgentes.

El ministerio público ha argumentado que no hay atenuantes que permitan suavizar la condena en los cargos de mayor gravedad. Las únicas excepciones se plantean en relación con la acusación de apología del terrorismo, que contempla 20 años de prisión, y la de conspiración, que establece un máximo de 15 años, según detalló el portal congoleño Actualité.

Joseph Kabila dejó la presidencia en 2019 tras 18 años en el poder, marcados por tensiones políticas, conflictos armados y un complejo panorama de seguridad en el este del país. Desde entonces, ha vivido fuera de la RDC, argumentando motivos de seguridad. La inestabilidad en las regiones orientales, ricas en recursos naturales como coltán, oro y cobalto, se ha intensificado en los últimos años debido al accionar de grupos armados como el M23.

El M23, por su parte, ha protagonizado una de las insurgencias más activas en la región de Kivu del Norte, con denuncias constantes de abusos contra civiles y enfrentamientos con las Fuerzas Armadas congoleñas.

El proceso judicial contra Kabila podría tener consecuencias profundas tanto a nivel político como social. En un país donde los juicios a expresidentes son poco frecuentes, la decisión de la Fiscalía de pedir la pena de muerte constituye un hecho de gran repercusión.

Según informó Europa Press, hasta el momento, no se ha producido una reacción oficial por parte del propio Kabila ni de su entorno político más cercano. Tampoco se han pronunciado organismos internacionales o asociaciones de derechos humanos, aunque se espera que el caso despierte interés y debate en la comunidad internacional debido a la gravedad de las acusaciones y a la pena solicitada.