La Policía ecuatoguineana investiga supuestos casos de corrupción en los ministerios de Transportes y Hacienda. Se cree que los Altos Funcionarios implicados habrían concedido contratos ilegales a personas con vínculos familiares.

En efecto, la Fiscalía ha presentado las primeras acciones legales contra responsables cuando les ha exigido devolución de los fondos a las Arcas del Estado.

Ha sido este miércoles, 9 de octubre, cuando la policía revelaba datos sobre varios casos de corrupción en algunos ministerios de la Administración de Malabo, concretamente en los Departamentos de Transportes, Correos y Nuevas Tecnologías de la Información, y Hacienda y Presupuestos.

Honorato Evita Oma, actual ministro de Transportes, es uno de los principales supuestos implicados de la trama. 

Se cree que el ministro pudo haber firmado un contrato de asesoría con Pascual Nvo Mangue, asignándole un salario mensual de 1.100.000 Francos. Sin embargo, el dinero no provenía de Transportes, sino de Ortel, el órgano regulador de telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial. Además, Nvo Mangue mantenía otro contrato similar con el Ministerio de Hacienda, por el que recibía 2 millones de francos, firmado por su ex Ministro.

La Fiscalía califica los contratos como actos de cohecho, señalando que una persona no puede tener contratos de asesoría simultáneamente en dos ministerios diferentes, a menos que uno de ellos pertenezca a los sectores de Educación o Sanidad. 

Pascual Nvo Mangue, por su parte, se ha defendido afirmando que, como profesional independiente, está en pleno derecho de asumir varios contratos de asesoría, siempre que cumpla con sus responsabilidades. «He trabajado durante años con Honorato Evita Oma antes de que fuera Ministro, y mis contratos son completamente legales. No soy funcionario nombrado, sino un Asesor externo», declaró.

La Fiscalía pide para el ex ministro de Hacienda la devolución de 20 millones de francos, más un interés del 15%, como reparación a las Arcas del Estado. En cuanto a Honorato Evita Oma, se le exige el reembolso de 45 millones 245 mil francos con el mismo interés, en un plazo no mayor a 15 días. De no cumplirse con este requerimiento, se procederá a acciones judiciales contra los implicados.